Autores: Profesor Dirk Voorhoof y Profesor Serge Gutwirth
Las organizaciones no gubernamentales y sus activistas desempeñan un papel activo y esencial en las democracias representativas. Al igual que los periodistas y los guardianes de la sociedad, son parte de la vanguardia contra la tiranía, y su servicio al sistema político, aunque a menudo incómodo para los políticos, no debe subestimarse. Sin embargo, existe una creciente y preocupante tendencia a responder a la desobediencia civil y a la protesta pacífica con acciones penales y el uso de castigos severos y desproporcionados, como medio de reprimir la disidencia y restringir la libertad de expresión.
Es lo que está pasando con Greenpeace, una organización que se adhiere estrictamente a sus valores fundamentales de acción directa no violenta. Últimamente, hay varios ejemplos destacados sobre el duro trato que las autoridades ejercen sobre sus activistas. Durante la conferencia del clima de Copenhague en diciembre de 2009, por ejemplo, cuatro activistas de Greenpeace pasaron 20 días en prisión preventiva por irrumpir en la cena de gala celebrada por la reina danesa. Esta reacción de la justicia danesa con los «Cuatro de la Alfombra Roja» fue un acto particularmente brutal e intimidatorio considerando el carácter pacífico de la actividad.
Más de un año antes, al otro lado del planeta, Junichi Sato y Toru Suzuki, dos activistas contra la caza de ballenas, fueron objeto de un trato similar de detención arbitraria. Ambos interceptaron una caja que contenía carne de ballena de contrabando, destapando así un caso de malversación dentro del programa de caza de ballenas financiado por los contribuyentes japoneses. La caja fue entregada a la fiscalía como prueba del comercio ilegal que se estaba realizando. Cabe destacar que fueron ellos y no los traficantes de carne de ballena quienes fueron detenidos. Permanecieron encarcelados durante 26 días – 23 de ellos sin cargos – antes de ser acusados de allanamiento y robo, y llevados a juicio por un sistema de justicia que se niega a investigar la malversación de fondos dentro del programa ballenero japonés.
En ambos casos, no hay justificación para tales períodos prolongados de detención, sobre todo porque Greenpeace y los activistas que participan en estas actividades, han cooperado sinceramente y de buena fe con las investigaciones en todo momento. En el caso de los “Dos de Tokio”, como Sato y Suzuki son conocidos, el hecho de que transcurridos dos años su caso siga en los tribunales es especialmente injustificable.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que coincide en su diagnóstico, aprobó recientemente un dictamen que recogía que los Dos de Tokio fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades, y que las autoridades japonesas no han respetado sus derechos humanos, incluida la libertad de opinión y de expresión.
Lo que es especialmente preocupante en estos casos es que tanto en Dinamarca como Japón son democracias que han firmado y ratificado el Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos. Sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto es un medio importante para garantizar que los derechos humanos sean garantizados y respetados por todos los firmantes. Las detenciones prolongadas y arbitrarias de los activistas no sólo constituyen una violación del Pacto, sino que también crea lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos describe como un «efecto paralizante», ya que el temor a las repercusiones de las autoridades ejerce un efecto desalentador sobre la disidencia pacífica, esencial para una sociedad libre y democrática.
Los Cuatro de la Alfombra Roja y los Dos de Tokio se enfrentan a las penas de cárcel, poniendo de relieve la creciente tendencia de las autoridades a recurrir al derecho penal de manera rápida y desproporcionada. Esto es muy preocupante, ya que es un síntoma de que los sistemas de justicia están siendo utilizados como herramienta para controlar la libertad de expresión y la libertad política de los ciudadanos.
Pueden haber pasado 30 años desde que Japón ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido de forma reiterada a este país, la última vez en 2008, una mejora de la situación en materia de derechos humanos en 26 aspectos diferentes, incluyendo la libertad de expresión.
El caso de los Dos de Tokio ofrece una clara señal de que las autoridades japonesas no están cumpliendo con las obligaciones de Japón en virtud del Pacto, y lo que es igualmente preocupante, es que tampoco lo haga ninguno de sus compañeros signatarios. Todos los gobiernos que han ratificado el Pacto deben garantizar que se respeten sus principios, no sólo en su propio país, sino de forma universal. Es un tratado internacional, y la defensa de los derechos humanos es una obligación internacional. Es inaceptable decir simplemente «no es mi país, no es mi problema.»
Las reacciones severas por parte de la policía y los sistemas jurídicos en contra de los Cuatro de la Alfombra Roja y de los Dos de Tokio son violaciones flagrantes de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica, derechos garantizados en los convenios europeos e internacionales de Derechos Humanos. Estos casos deben servirnos de advertencia sobre lo que puede deparar el futuro si los gobiernos pueden, simplemente, ignorar sus obligaciones y no respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las organizaciones no gubernamentales cuyas intenciones son contribuir a un mundo mejor para todos.
Dirk Voorhoof es profesor de Derecho en Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en las Universidades de Gante (Bélgica) y de Copenhague (Dinamarca).
Serge Gutwirth es profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Bruselas (Bélgica).
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Año tras año decenas de toneladas de bidones conteniendo residuos radiactivos se vertían al mar, hasta que en el año 1993 el Convenio de Londres sobre Vertidos al Mar prohibió los vertidos.
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