Hoy se ha publicado el contra-informe anual sobre comercio de armas, que todos los años publicamos las organizaciones Greenpeace, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam. En esta ocasión lo ha elaborado un centro especializado en cuestiones de paz y seguridad: el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
El primer dato destacado es el aumento en las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material (antidisturbios): en 2009 se vendieron 1.491 millones de euros, un 33% más que el anterior (un porcentaje que sube hasta el 44% si sólo consideramos el material de defensa). Con este fuerte incremento, España sigue situada en el sexto puesto del ranking mundial de exportadores.
La situación española es un reflejo de lo que está ocurriendo a escala mundial. Durante los últimos diez años, la militarización global no ha dejado de aumentar. Entre 2005 y 2009, el volumen medio anual de ventas de armas convencionales fue un 22% superior a la media entre 2001 y 2004. En 2009, el gasto mundial en defensa se ha estimado en 1.531 billones de dólares, lo que significa que a lo largo de la década ha crecido en casi un 50%.
Con respecto a España, y pese a los datos, las organizaciones tenemos que reconocer que se han dado pasos positivos derivados del cumplimiento de la Ley 53/2007. En materia de control, por segundo año tenemos controladas las ventas de armas de caza y tiro deportivo y sus municiones (de las que España es un gran exportador). Por primera vez, se da información detallada sobre las denegaciones: en qué casos el gobierno ha dicho “no” a una solicitud de exportación, el tipo de producto, usuario y país de destino, y el criterio por el cual se ha denegado. Esta era una reclamación nuestra desde hace mucho tiempo, ya que nos permite hacernos una idea más certera de los criterios usados para autorizar o denegar.
En cuanto a transparencia, se da información detallada sobre todas las operaciones con un importe superior a 10 millones de euros. También se facilita mucho detalle sobre las ventas a destinos de “especial sensibilidad” (así les llama el gobierno, las organizaciones solemos referirnos a “destinos preocupantes”). Esta lista, sin embargo, es incompleta.
Y si hasta aquí venía lo positivo, ahora lo negativo. Entre los países de destino de las armas españolas figuran destinos claramente preocupantes. Algunos, como Colombia, Israel o Marruecos, vienen figurando desde hace años en la lista. Otros son nuevos, como Sri Lanka, donde el año pasado se produjo la ofensiva final de la guerra entre el gobierno y los tigres tamiles y una grave crisis humanitaria (en mayo, ante las evidencias, el gobierno suspendió las exportaciones), o Tailandia, con disturbios violaciones graves de los derechos humanos.
La explicación del Gobierno es que no se tiene en cuenta sólo los países de destino sino el destinatario y uso final. Puede ser razonable pero, en ese caso, habría que mejorar las garantías de que eso se cumpla. Es decir, que las armas no terminen en otras manos que las previstas ni sean usadas para violar los derechos humanos. Nuestra sugerencia es que las embajadas españolas, en especial los agregados de defensa, cumplan ese papel de rastrear las armas españolas y garantizar que no se desvían. Este seguimiento sobre el terreno lo hacen, por ejemplo, las embajadas de Estados Unidos.
En resumen, luces y sombras. Hay avances en el cumplimiento de la ley, aunque en un marco de aumento de las ventas que se produce también a nivel global y que no es una buena noticia para la paz y la seguridad mundial.
Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de Conflictos y Medio Ambiente
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