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Archive for 3 03+01:00 septiembre 03+01:00 2010

El próximo lunes 6 de septiembre para la mayoría será un lunes más de vuelta al trabajo después del fin de semana o incluso después de las vacaciones de verano. Para dos personas no será otro lunes cualquiera.

Junichi Sato y Toru Suzuki escucharán el veredicto que marcará su futuro. Se despedirán de su familia sin saber si ese mismo día serán encarcelados. Su único delito ha sido el querer denunciar algo que está mal, el querer poner su granito de arena para luchar por un mundo mejor.

Junichi y Toru investigaron el posible contrabando ilegal de carne de ballena procedente de la supuesta “caza científica” realizada por Japón y financiada con fondos públicos.
Tras varios meses de documentación y contacto con informadores anónimos de la industria ballenera, interceptaron una caja destinada a un tripulante del barco ballenero Nisshin Maru etiquetada como “cartón” y en la que en su interior había carne de ballena. Esta prueba fue entregada al fiscal, junto con toda la documentación recopilada y se inició una investigación oficial.

Pasado un mes todo tomó un giro inesperado de 180º. Junichi y Toru fueron detenidos bajo los cargos de robo y allanamiento y se abandonó la investigación sobre la industria ballenera. Los culpables pasaron a ser los acusadores, y quienes habían destapado la verdad pasaron a ser juzgados.

Durante 23 días fueron interrogados atados a una silla y sin la presencia de su abogado. El proceso judicial que ha durado más de dos años ha estado repleto de irregularidades y contradicciones por parte de la acusación. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó a finales de 2009 que en el caso de Junichi y Toru se habían vulnerado al menos 5 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tras la fallida reunión de la Comisión Ballenera Internacional el pasado junio, el lobby evidente de la delegación japonesa por reabrir la caza comercial y las últimas noticias que circulan de reuniones secretas para conseguir votos que favorezcan el fin de la moratoria cuesta creer que quienes luchan por sacar la verdad a la luz y defender el futuro de los océanos se enfrenten a una condena de prisión. Más aún cuando su único delito ha sido interceptar una caja de “cartón”, que ni siquiera fue robada ya que se entregó a las autoridades.

Ante esta injusticia, el próximo mes de noviembre saldrá de nuevo la flota ballenera de Japón a iniciar la temporada de caza en el océano Antártico. ¿Desde dónde lo verán Junichi y Toru? Esperemos no sea tras los barrotes de una celda sino desde su libertad.

Elvira Jiménez, campaña de Oceános de Greenpeace

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Entrevista con Junichi y Toru: “Me gustaría pedir un juicio justo e imparcial. Gracias por su tiempo”

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Activistas en el anillo de la Central Termica de Pasaia (marzo 2007)

Hace tan sólo un par de días fueron absueltos los activistas de Greenpeace que escalaron la central térmica de carbón de Pasaia en 2007 y pintaron en ella STOP CO2.

Iberdrola, la dueña de la central, intentó asustar a Greenpeace llevándonos a un Juzgado de los Penal pero le salió el tiro por la culata. Cada uno de los activistas por los cuales pedía 9 meses de cárcel y 18.000 € por defender el clima han salido ilesos del proceso. No ha sido así para Iberdrola que cada vez se lo pone más difícil a su departamento de marketing. Este se empeña en defender con todas sus fuerzas una imagen “verde” a pesar de que sus abogados pidan cárcel para Greenpeace o de las declaraciones anti renovables de su Presidente.

En 2007 yo también estaba en Pasaia, junto a los activistas y a la gente que nos apoyaba. Puede que lo que más recuerdo de esos días fueran las tortillas de patatas que nos bajaba una vecina cuya ventana daba directa a la chimenea de la central de carbón o los centenares de vecinos que vinieron a darnos un gran abrazo colectivo.

Todo y dicho esto, la central sigue ahí, funcionando con su licencia provisional (desde 1964), emitiendo gases contaminantes en plena ciudad, y recibiendo GRATIS derechos de emisión de CO2 desde el Gobierno central. Como si hubiera un derecho a contaminar quemando carbón cuando hay renovables para hacer lo mismo.

Greenpeace 1 – Iberdrola 0. Pero el partido no acaba aquí.

Sara Pizzinato, campaña de cambio climático y energía Greenpeace

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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), que depende del Ministerio de Fomento, quiere ampliar  a toda costa el puerto de Tarifa. Puerto que se sitúa en pleno Parque Natural del Estrecho y en una de las zonas más importantes del mundo por su biodiversidad marina, ya que es aquí donde se mezclan las cálidas aguas del Mediterráneo con las frías aguas del Atlántico. Por eso el Estrecho de Gibraltar está protegido por la UE y es Reserva Mundial de la Biosfera.

La APBA pretende convertir, desde hace mucho tiempo, este privilegiado entorno en una barrio más del vecino Algeciras promoviendo un megapuerto que ocuparía la misma extensión que el casco histórico de Tarifa. Y, aunque la autorización ambiental del puerto está en manos del Ministerio de Medio Ambiente, sigue con su estrategia de presión y promoción de la ampliación, metiendo más barcos en el actual puerto de Tarifa para así argumentar “no nos caben más barcos, por tanto, necesitamos más hormigón en el Estrecho”. Este octubre pretende inaugurar una nueva línea de fast-ferrys entre Tarifa y Tánger.

Pero,  ¿es necesaria esta nueva línea? Precisamente los últimos datos sobre el tráfico de pasajeros en el Estrecho, al cierre de la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2010 señalan que se  ha vuelto a producir un descenso significativo de pasajeros entre España y Marruecos (en torno al 11%), y específicamente en el puerto de Tarifa (un descenso del 17,8% con respecto a 2009).

Y precisamente, es en el Estrecho por donde cruzan más de 100.000 barcos al año y donde a pesar de la intensa actividad humana viven, se alimentan y reproducen ballenas y delfines. Curioso sitio para vivir, pero como decíamos las condiciones oceanográficas son tan buenas que les merece la pena morar en estas aguas.

En 2006, debido a las numerosas colisiones detectadas por el tráfico marítimo en el Estrecho, la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente también del Ministerio de Fomento, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, establecieron la primera zona de protección de cetáceos, cerca de la entrada del puerto Tánger Med, instando a los barcos que cruzan el Estrecho a reducir su velocidad a 13 nudos y así evitar que las hélices maten principalmente a cachalotes o calderones. La idea fue tan buena que incluso la Comisión Ballenera Internacional la aplaudió, ya que los fast-ferrys cruzan a casi 40 nudos por estas aguas.

En muy pocos casos se está cumpliendo esta recomendación y tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el de Fomento permanecen impasibles. La ampliación no está justificada y de hecho el Ministerio de Fomento, no impide que se inaugure la línea sin autorización previa, ni administrativa ni ambiental. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente debería exigir a la APBA un un Plan Director de Infraestructuras requerido que evalúe de forma global el impacto que la ampliación del puerto ejerce sobre el tráfico marítimo, sobre la construcción de la autovía entre Tarifa y Algeciras y sobre el Parque Natural del Estrecho.

Estamos en el año de la Biodiversidad y este es un nuevo ejemplo de la traducción de las políticas de conservación en hechos reales. Por cierto, muchos de estos cetáceos, como las orcas, además de tener que esquivar a los fast-ferrys en Estrecho, ven impasibles como cada vez tienen menos atún rojo para comer en estas aguas, su principal alimento.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace

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