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Archive for agosto 2010

El vertido del Golfo de México evidencia la necesidad de poner fin a las perforaciones petrolíferas en el mar.

Esta semana ha visto la luz un nuevo informe sobre los impactos del vertido del golfo de México, coincidiendo con la presencia del barco de Greenpeace Arctic Sunrise a la zona.

El informe, que ha sido elaborado conjuntamente por el centro Georgia Sea Grant y la Universidad de Georgia, concluye que casi el 80% del petróleo vertido tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon sigue en aguas del golfo.

El petróleo que se ha disuelto en el agua no ha desparecido,
como BP pretendía dar a entender y como sugerían otros informes anteriores, y según declara Charles Hopkinson, director del centro Georgia Sea Grant, tardará muchos años en desaparecer por completo.

El informe, que se publicó ayer y viene firmado por cinco de los científicos marinos más prestigiosos de Estados Unidos, constata que los procesos naturales de degradación o evaporación del petróleo complementan las tareas de limpieza de las aguas del golfo de México. Efectivamente, el petróleo se diluye y se degrada pero los científicos resaltan que este proceso es mucho más lento de lo que cualquiera querría pensar. Lo anterior es fácil de entender si tenemos en cuenta que, para que el petróleo se evapore, hace falta que esté en superficie y que, dada la gran profundidad del vertido buena parte del mismo permanece todavía en el fondo del océano.

No en vano, según los cálculos estimativos en los que se basa la investigación, este proceso, junto con la limpieza de la zona, tan solo ha conseguido retirar el 21% de la cantidad vertida.

Estamos ante una catástrofe ambiental de consecuencias todavía desconocidas tanto a nivel ecológico como económico y sanitario, porque ya se han detectado las primeras trazas del vertido en la cadena trófica, es decir, que la contaminación podría incluso llegar al ser humano. Reparar todos estos daños va a ser un proceso extremadamente largo y costoso, no sólo para BP sino también para la Administración estadounidense.

Es por lo tanto evidente que nuestra dependencia del petróleo no implica solo un constante riesgo de contaminación marina o ambiental, sino también sanitario y económico. Y llegados a este punto una se pregunta ¿tenemos que seguir pagando todos con nuestros impuestos, y con nuestro medio ambiente y nuestra salud el enriquecimiento de unos pocos? A mí me parece que no.

Aida Vila, campaña de energía y cambio climático

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Ya sabéis que Islandia se niega a firmar la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional para el fin de la caza de ballenas.

Ya sabéis que Islandia se niega a firmar la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional para el fin de la caza de ballenas. Este país, junto con Noruega y Japón, insiste en rechazar la moratoria y además establece de manera unilateral la cuota de caza de ballenas que va a realizar cada año.

Japón se escuda en la supuesta caza “científica”. Greenpeace Japón ya denunció hace dos años que esto era una burda excusa y que la carne “científica” se vendía en el mercado negro con el  consentimiento de la agencia de pesca de Japón y del Gobierno. Greenpeace Japón denunció este hecho y, sin embargo, ahora dos personas, Junichi y Toru, se enfrentan a año y medio de prisión, por defender a las ballenas. Islandia, sin embargo, utiliza la excusa de la crisis: dicen que cazar ballenas da empleo y dinero.

Nuestros compañeros de Greenpeace Japón siguen defendiendo a las ballenas y nos cuentan que en el mes de junio Islandia exportó un total de 33,4 toneladas de carne de ballena a Japón, con un valor comercial de aproximadamente 300.000 euros.

Hagamos cuentas: los balleneros japoneses cazaron en la Antártida esta temporada unas 2.046 toneladas. La compañía ballenera de Islandia (propiedad de K. Loftsson) tenía almacenadas unas 1.500 toneladas de la carne de ballena al final de la temporada de 2009. Desde entonces ha añadido al menos otras 800 ó 900 toneladas a sus reservas, ya que continúa cazando ballenas como os comentamos en el blog anterior.

Si sumamos nos encontramos con que la cantidad de 33,4 toneladas representa el 1,6 % de la captura más reciente realizada en la Antártida y el 2,2 % de las toneladas almacenadas en Islandia de la temporada de caza anterior (2009). Si se sigue cazando ballenas a este ritmo, dicha compañía venderá la carne ballenera que capturó en 2009 dentro de 23 años, es decir, en 2033.
Si se revisan las estadísticas de exportación mensuales, no salen las cuentas. Islandia no está exportando tanto a Japón, su principal mercado, como para cubrir los gastos que le supone la caza de ballenas. Si su única justificación para seguir con esta horrible práctica es la economía, ¿por qué siguen empeñados en cazar ballenas?

Celia Ojeda, campaña de océanos

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Activistas de Greenpeace detienen la descarga del mercante C.Summit en Tarragona para pedir que no se queme más carbón y denunciar la política energética española, que subvenciona el combustible fósil que más contribuye al cambio climático.

Hace unas semanas llegaba la noticia de que la Comisión Europea había aprobado un borrador de reglamento sobre ayudas a las actividades mineras que limita las ayudas al año 2014, prevé la reducción paulatina de las cantidades otorgadas y contempla que los proyectos que podrían recibir subvenciones serían sólo aquellos que se enmarquen en la transformación o en el cierre de las actividades mineras.

A nadie se le escapa que este es un tema polémico en países como España o Alemania, en los que existe una larga tradición carbonera. Las reacciones a este paso de la Comisión Europea no se han hecho esperar. El tema del carbón es complicado, no sólo porque muchas familias dependen directa o indirectamente de la actividad minera en España sino porque esta actividad, en muchos casos, depende directamente de las ayudas públicas.

No podemos olvidar que estamos en un contexto de crisis económica, pero debemos recordar también que estamos ante un cambio climático acuciante que nos marca la urgencia de acabar con la quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas de carbón. Debemos repensar nuestro modelo energético y podemos hacerlo porque en España tenemos la tecnología y las condiciones climáticas idóneas para llegar a abastecernos por completo mediante energía renovable, tal como demuestra el informe Renovables 100% que la Universidad Pontificia de Comillas elaboró para Greenpeace.

Los países industrializados hemos provocado la crisis climática y estamos en deuda con los ciudadanos de los países en desarrollo que sin haber contribuido a esta crisis están sufriendo sus peores consecuencias. Además existen muchos sectores en España que viven hoy en día los impactos económicos derivados del cambio climático. La agricultura, la pesca, el turismo o la vinicultura son algunos de ellos y la lista no hace más que aumentar.

Ante las reclamaciones del sector del carbón, nadie puede negar que uno de los deberes del Gobierno, sobre todo en el llamado estado del bienestar, es velar para que todos los ciudadanos dispongamos de los medios de vida suficientes y garantizarnos los derechos básicos y las libertades públicas que nos reconoce la Constitución. Pero si hablamos de TODOS los ciudadanos debemos incluir tanto a los que trabajan en el sector del carbón como los que viven de los sectores directamente afectados por la crisis climática.

Mantener un sector artificialmente no parece lo más adecuado en un contexto de cambio como el actual y mucho menos si, al mismo tiempo, esto perjudica a otros sectores,  vulnera el derecho a un medio ambiente adecuado que también reconoce la Constitución y condiciona la posición de España en las negociaciones climáticas internacionales.

El carbón es un problema complejo, sí, pero tiene solución si los apoyos públicos que requiere el sector se centran únicamente en su reconversión y en paliar sus consecuencias negativas.

Aida Vila, campaña cambio climático

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Se vende terreno de huerta en el nuevo Manhattan costero

El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y tres y cuatro… La palabra crisis está en la mente de todos desde hace casi dos años, el estallido de la burbuja inmobiliaria es una de las causas en nuestro país, y sin embargo atendemos atónitos a una noticia como la que se produjo la semana pasada en la que se aprobó en pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cullera el PAI de la Vega, también conocido como el “Manhattan de Cullera”.

Este proyecto urbanístico prevé la construcción de 33 torres de hasta 25 alturas, dos hoteles de 40 plantas, un campo de golf y un puerto deportivo y pesquero. Todo ello en un terreno de huerta junto a la desembocadura del Júcar que hasta ahora se había salvado de la depredación de la costa.

En 2005 se presentó el PAI de la Vega-Puerto. La Confederación Hidrográfica del Júcar advirtió la imposibilidad de suministrar agua suficiente para atender un complejo al que podrían trasladarse hasta 20.000 personas, duplicando la población actual de Cullera. La Dirección General de Costas también advirtió de los efectos ambientales negativos de esta actuación. Sin embargo en 2007, en pleno boom del ladrillo y a pesar de los informes en contra, la Generalitat Valenciana dio el visto bueno a este nuevo mordisco en la costa.

Ejemplos como Marina d’Or, que ha catapultado a la provincia de Castellón al primer puesto de zonas con más pisos sin vender (30 pisos vacíos por cada 1000 habitantes) o el horror urbanístico del cercano Benidorm, que ha modificado radicalmente el frente marítimo y la línea de costa, no sirven para frenar la destrucción del litoral. Con el municipio de Cullera repleto de carteles de “se vende”, como denuncian sus propios vecinos, una decisión así sólo puede entenderse si hay intereses económicos detrás. Resulta incluso descarado que en los tiempos que corren, con la caída del sector inmobiliario y tras todas las tramas de corrupción asociadas al ladrillo que se han destapado, se siga buscando la justificación de estos megaproyectos urbanísticos.

Algunos se echan las manos a la cabeza y otros encuentran justificación en que esos terrenos “son sólo cañas”. Lo mismo se ha oído de los terrenos donde se encuentra El Algarrobico en los que “ahí sólo hay lagartijas”, o de la playa de El Palmar a la que “sólo van los de los bocadillos de mortadela”.

Quienes gustan de paseos marítimos, torres de apartamentos y espigones tienen ya una oferta más que variada en todo el litoral español. Ya es hora de que nos dejen a quienes preferimos un entorno más tradicional y natural los pocos espacios que quedan. Nosotros no queremos seguir tropezando con la misma piedra … o mejor dicho, con el mismo ladrillo.

Elvira Jimenes, campaña de costas

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Logo de la campaña, Europa libre de transgénicos

Hace unas semanas Madeira se convertía en la primera región europea libre de transgénicos. Igual no parece muy novedoso. Sin embargo, es una noticia muy importante porque la propia Comisión Europea ha dado el visto bueno a lo que antes casi se consideraba una declaración de intenciones.

Más de 200 regiones y 4500 autoridades locales europeas se han acogido a esta iniciativa que rechaza el cultivo de transgénicos. En España están declaradas Zonas Libres de Transgénicos: Asturias, Canarias, Baleares y País Vasco,  los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Lanzarote, la Diputación de Málaga y cerca de 200 municipios ya han declarado su territorio libre de transgénicos. Y en muchas de estas Zonas Libres de Transgénicos, se cultivan de forma experimental o comercial cultivos transgénicos, por ello, esta declaración “formalizada” es clave para legalizar la situación y evitar la presencia transgénica en los campos de estos territorios.

En esta semana nos enterábamos de un nuevo estudio realizado por investigadores estadounidenses en que se documenta la presencia de plantas de colza transgénica creciendo en bordes de carreteras de forma silvestre. Se demuestra. una vez más, que los cultivos transgénicos liberados en el medio ambiente no se pueden controlar.

Por ello, son necesarias iniciativas como las ZLT para proteger nuestros campos de los cultivos transgénicos, pero iniciativas que sean respaldadas para que se tomen con seriedad, sancionando si no se cumplen.

Más información: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/cultivos/zlt-zona-libre-de-transgenic

En Europa (resumen de las ZLT por países): http://www.gmofree-europe.org

Monica Parrilla, campaña de transgénicos

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17 de mayo: Greenpeace documenta en South Pass (Luisiana) restos importantes de hidrocarburos.

Sin disponer todavía de datos concretos, a nadie se le escapa que los daños causados por el vertido en el golfo de México son graves, y que los costes, tanto económicos como ambientales, son exorbitados. Ha llegado el momento de evaluarlos y de exigir responsabilidades, pero no solo a BP, sino también a la clase política.

Lejos de aceptar la “magnitud de la tragedia”, y hacer una gestión responsable del vertido, BP se ha preocupado más de tratar de minimizar la importancia del vertido ante la opinión pública –con la compra incluso de opiniones científicas o con el retoque de fotos de la zona– que de hacer una valoración ajustada a la realidad para que la reparación sea lo más completa posible.

Por esta razón, Greenpeace inicia hoy una expedición de tres meses por el golfo de México, a bordo del Arctic Sunrise, en la que van a participar diferentes equipos de científicos independientes que analizaran las repercusiones en los organismos vivos de la zona, tanto del petróleo como de los dispersantes químicos arrojados al mar como reacción al vertido.

El Arctic Sunrise parte hoy de San Petesburgo (Florida) hacia Florida Keys y Dry Tortugas y durante los meses de agosto y septiembre navegará por la zona afectada para valorar los efectos del vertido. Representantes de la comunidad científica internacional y doctores de universidades como las de Nova Southeastern y Tulane van a unirse a nuestra tripulación para analizar desde el plancton de la superficie hasta los organismos filtradores o los corales de las aguas más profundas del golfo y poder, así, determinar las mejores vías de recuperación.

Esta es, entendemos, la única forma de cumplir con el principio de “quien contamina paga” y exigirle a BP sus responsabilidades reales pero, desde luego, no es lo único que puede hacerse y, llegados a este punto debemos ir más allá.

Existe otro principio mucho más importante en derecho ambiental internacional que el de “quien contamina paga”: el “principio de precaución”. En este caso, dar cumplimiento a este principio implica declarar una moratoria internacional para la autorización de todo tipo de instalaciones petrolíferas de alto riesgo, pero también eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y apostar decididamente por la energía renovables. Solo así podremos evitar que se repitan desastres como el del la Deepwater Horizon y adoptar compromisos de reducción de emisiones internacionales que nos permitan frenar el cambio climático.

Ha llegado la hora de que nuestros políticos nos muestren los “impactos positivos del vertido del golfo”. Que nos demuestren que el interés general y los derechos de los ciudadanos (entre ellos el de gozar de un medio ambiente adecuado) están por delante de la avaricia del sector de los combustibles fósiles y que ellos, como abanderados de estos derechos son capaces de plantarle cara a este poderoso lobby. Por lo visto, dar este paso les está costando un poco pero es la única forma de que nos demuestren que están a la altura de las circunstancias. ¿Quién les dijo que gobernar el mundo era tarea fácil?

Si quieres seguir los pasos del Arctic Sunrise, conéctate a nuestra página web: www.greenpeace.org/usa/oilspilltruth

Aida Vila, campaña de cambio climático

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Islandia, es uno de los países que no firmaron la moratoria de caza de ballenas

Sólo hace 48 días desde que la Comisión Ballenera Internacional (CBI) se reuniese en Agadir (Marruecos). En esta polémica reunión se discutió si se reabría la caza comercial de ballenas. Greenpeace ya dio entonces la voz de alarma: el establecimiento de cuotas equivaldría a una apertura de la  caza comercial de ballenas, cuya moratoria se aprobó en 1982 y entró en vigor en 1986. La reunión acabó sin ningún acuerdo, posponiendo esta discusión a la cita anual del año que viene.

Japón, Noruega e Islandía son los países que no firmaron la moratoria y que siguen, año tras año, cazando ballenas. Japón se ampara en la caza “científica”. Sin embargo, ni Noruega ni Islandia se esconden ya en estos supuestos fines científicos.

Desde entonces, la cantidad de ballenas cazada por Islandia ha ido variando, aumentando el número de ejemplares año tras año. En este “suma y sigue” de caza de ballenas han ido esquilmando las poblaciones de rorcual aliblanco o ballena Minke (Balaenoptera acutorostrata) y de rorcual común (Balaenoptera physalus), entre otras. Entre Japón, Noruega e Islandia han capturado desde 1986 más de 33.000 ejemplares de ballenas.

El Gobierno de Islandia se ha asignado unilateralmente una cuota anual de 175 rorcuales comunes. La carne de ballena obtenida tiene como único destino la exportación a Japón, ya que no existe demanda local. La mayor parte de las 1.500 toneladas de carne producidas durante la caza de 2009 continúan almacenadas en cámaras frigoríficas.

Hasta hoy, en lo que va de “temporada” se han cazado 77 rorcuales comunes y 58 ballenas Minke. De estas últimas, once se han cazado por grandes barcos balleneros Loftsson,  que detuvieron su actividad a principios de junio, para retomarla tras la decisión de la CBI. Las 47 ballenas restantes fueron capturadas por barcos de la Asociación de cazadores de ballenas Minke, que al parecer habían dejado la caza y su intención era realizar avistamientos de cetáceos.

Tanto los balleneros islandeses como el Gobierno de Islandia reiteran en sus afirmaciones que esta pesquería fomentará el empleo en Islandia, actualmente en una grave crisis económica. En Greenpeace nos vamos a remitir a los datos: en 2008, cerca de 115.000 personas realizaron avistamientos de ballenas en Islandia. El 20% indicó que ésta fue la razón principal de su visita a este país. Más de 110.000 personas viajarían a Islandia a observar ballenas si este país cesa su caza. ¿No le saldría más rentable a Islandia dejar de cazar ballenas y conservarlas?

Además de Islandia, Noruega y Japón, las ballenas tienen otros problemas, como la escasez de recursos alimenticios, la contaminación, las colisiones con barcos y el cambio climático. Seis de las 86 especies de cetáceos reconocidas por científicos están críticamente amenazadas, ¿a qué espera la CBI para dedicarse a conservarlas?

Celia Ojeda,  campaña de Océanos

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Tras la campaña de Greenpeace, Nestlé dejará de utilizar aceite de palma procedente de la destrucción de los bosques tropicales para la elaboración de los famosas chocolatinas Kit Kat.

«En las redes sociales estamos aprendiendo sobre la marcha. Gracias por los comentarios».

Este fue el comentario que Nestlé dejaba el 19 de marzo en su página de fans en Facebook, tras tres días de asedio de miles de cibernautas. El comentario no duró mucho tiempo en la página, pero mostró las carencias de comunicación de la empresa, y dejó en evidencia a sus responsables tras el lanzamiento de la campaña de KitKat de Greenpeace.

La gestión de Nestlé ante esta campaña ha dado lugar a que multitud de blogs se refieran a la actuación de Nestlé como un ejemplo de lo que no hay que hacer para resolver una crisis en las redes sociales. Palabras como «desastre», «kitkatastrophe», «pesadilla» o «crisis» se repetían en cada artículo.

Pero, ¿qué han supuesto todos esos comentarios en Facebook para las selvas tropicales de Indonesia?

Los comentarios fueron el comienzo de una cadena de éxitos en la campaña. Los consumidores de Nestlé tuvieron una reacción fuerte y pidieron explicaciones acerca del origen de los productos que consumían. La presión provocó que la compañía se viera obligada a actuar. Se comprometieron a investigar sus cadenas de suministro y cancelar los contratos con las empresas cuyos productos (aceite de palma y pasta de papel) provenían de las selvas tropicales y turberas destruidas en Indonesia.

Aquí es donde el Grupo empresarial Sinar Mas entra en escena. Un conglomerado de empresas que destruyen áreas inmensas de selva tropical para la producción de aceite de palma y pasta y papel, y que era un proveedor directo e indirecto de Nestlé.

Estas regiones no sólo incluyen el hábitat del orangután y del tigre de Sumatra, ambas especies en peligro de extinción, sino también las turberas que son enormes depósitos de carbono natural. Puesto que ingentes cantidades de carbono se han acumulado en estas turberas a lo largo del tiempo, cuando son destruidas se libera a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono. Esto –unido a la alta tasa de deforestación– hace de  Indonesia el tercer país emisor de gases de efecto invernadero del planeta, precedido sólo por Estados Unidos y China.

Finalmente, Nestlé se comprometió a cancelar los contratos con el Grupo Sinar Mas.

Cuando aún no ha pasado mucho tiempo desde este éxito para el medio ambiente, Greenpeace ha lanzado un nuevo informe focalizado en Asia Pulp and Paper, una filial del Grupo Sinar Mas que está convirtiendo los bosques tropicales en papel. Empresas como Auchan o Burger King compran productos papeleros procedentes de APP.

La respuesta al informe no se hizo esperar –a los pocos días, algunas de las compañía citadas anunciaban la cancelación de contratos con Sinar Mas y al mismo tiempo la entidad financiera HSBC hacía público que había vendido sus acciones del Grupo Sinar Mas. El anuncio se produjo después de que voluntarios de Greenpeace de Reino Unido usaran técnicas de contrapublicidad contra HSBC, del tipo: “Cómo un banco invierte en la destrucción de la selva tropical y más de 10.000 personas se quejan directamente al banco por correo electrónico”.

¿Qué significa todo esto para la deforestación y la destrucción de las turberas en Indonesia? Significa un mayor control del Grupo Sinar Mas, más atención a la difícil situación de las selvas tropicales y turberas de Indonesia, y el aumento de la presión sobre el presidente de Indonesia, para que esté a la altura de sus compromisos de detener la deforestación, proteger las turberas para reducir las enormes emisiones de gases de efecto invernadero del país.

El Grupo Sinar Mas no es conocido fuera de Indonesia. No es una marca reconocida internacionalmente. No tiene una página activa en Facebook. No mantiene una política de transparencia, ni de publicar sus actividades y menos de mantener sus “compromisos” medioambientales, pero esta semana ha hecho pública una auditoría de un número limitado de sus muchas concesiones en Indonesia.

Esta auditoría es el resultado de nuestra campaña, y como esperábamos, el Grupo Sinar Mas no tiene nada nuevo que decir, es más, confirma todas las investigaciones y datos que hemos ido revelando. Siguen con sus promesas vacías de proteger el medio ambiente. Para creer este tipo de declaraciones deberían dejar de intentar lavar su imagen y empezar a aplicar políticas para detener la destrucción de las selvas tropicales y turberas de Indonesia. Hasta entonces este grupo empresarial seguirá siendo el gran destructor de las selvas tropicales de Indonesia y Greenpeace seguirá investigando y exponiendo sus malas prácticas e instará a otras compañías a cancelar los contratos, como ya han hecho Nestlé, Unilever o Kraft.

Más información: El fallido intento de Sinar Mas por lavar su imagen (https://greenpeaceblong.wordpress.com/2010/08/10/el-fallido-intento-de-sinar-mas-por-lavar-su-imagen/)

Miguel Ángel Soto, campaña de Bosques

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El océano Antártico es uno de los ecosistemas marinos menos alterados por la actividad humana. Aloja 75 millones de especies, muchas de las cuales no pueden encontrarse en ningún otro lugar. A pesar de su localización remota y de la existencia del Tratado Antártico, esta zona salvaje se encuentra amenazada por el cambio climático, la acidificación del océano, la caza de ballenas y ahora además, la pesca industrial.

Tras diezmar los stocks pesqueros en otros mares, la pesca industrial mira ahora hacia el Mar de Ross, un mar helado al sur del continente antártico. En estas aguas se encuentra la merluza negra (o bacalao de profundidad) cuya población ha vivido hasta ahora ajena a las redes y los arrastreros.

La pesca en el Mar de Ross comenzó en 1998 con palangreros procedentes de Nueva Zelanda. Desde el año 2000, 12 países han enviado sus barcos para explotar este pesquería “inexplorada”. Sólo en 2010, 18 barcos de siete países pescaban merluza negra en estas aguas vírgenes.

Por si no fuera suficiente, la extensión y el aislamiento de esta parte del océano favorece la proliferación de pesca ilegal que, sin ningún tipo de regulación, emplea técnicas de pesca destructivas con las que además se capturan otras especies como albatros y petreles.

La merluza negra es el pez de mayor tamaño del océano antártico y tarda muchos años en alcanzar la madurez, por lo que es especialmente sensible a la sobrepesca. Esta especie es muy importante para el ecosistema del Mar de Ross, por lo que su pesca puede afectar a otra especies, como por ejemplo a las orcas, que se alimentan de ella, y cuyas poblaciones ya se han visto disminuidas.

Una vez en el mercado, la merluza negra se vende a precio de delicatessen. Está en las manos de los consumidores, restauradores y chefs el rechazar esta especie en sus mostradores y menús y contribuir así a proteger el Mar de Ross.

El Tratado Antártico estableció que la Antártida fuese un lugar de ciencia y de paz.
Para que esto sea así debemos proteger también sus aguas. Con la declaración del Mar de Ross como Reserva Marina, quedará protegido frente a la amenaza de la pesca y las actividades industriales.

Teniendo en cuenta que tan sólo el 1% de nuestros mares y océanos están protegidos, parece una petición más que razonable y un paso más para mejorar la salud de los océanos.

Informe sobre la pesca en el Mar de Ross (en inglés) “Defending the last ocean”

Elvira Jimenez, campaña de Océanos

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Imagen área de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia

El pasado 9 de agosto la central nuclear de Cofrentes (Valencia) sufrió una nueva avería, que se une al interminable listado de fallos y problemas de seguridad que padece esta central, y que evidencia el agotamiento de su vida útil.

En este caso, la anomalía ha consistido en la parada de una de las cuatro bombas que impulsan el agua altamente radioactiva del circuito primario de la central desde el condensador al núcleo del reactor (donde se encuentra el combustible nuclear). Esto ha ocasionado que se redujera la potencia de la central en casi 500 MW, cerca de la mitad de la potencia normal del reactor.

El condensador es el “intercambiador de calor”, es decir, extrae el calor generado en las reacciones nucleares del circuito primario al secundario, lo que permite mantener constante la temperatura del reactor. Al averiarse esta bomba ha disminuido el calor extraído y la central ha tenido que reducir potencia, o sea, generar menos calor, para que la temperatura del reactor no subiera peligrosamente. Se trata de un problema en el mecanismo primario de control de la central, y por partida doble: por un lado no entra suficiente agua enfriada en el núcleo del reactor y, por otro, reduce el vacío del condensador, y con él su capacidad de trabajo.

La plataforma Tanquem Cofrents, de la que forma parte Greenpeace (1), critica que los responsables de la central de Cofrentes no la hayan parado para poder descubrir la causa de esta nueva avería, la cual, en principio, podría afectar también al resto de la bombas de circulación del agua radioactiva. Este actitud vuelve a demostrar que la dirección de la central, propiedad de Iberdrola, prioriza la producción eléctrica y los benéficos económicos por encima de la seguridad de los trabajadores y de la población en general.

Tanquem Cofrents exige que se hagan públicos los resultados de la investigación sobre la causa de esta avería y las medidas que se van a tomar para que no se repita, y no se continúe con la política de falta de transparencia a la que ya nos tiene acostumbrados Iberdrola.

(1) La Plataforma Tanquem Cofrents agrupa a las organizaciones: Greenpeace, Intersindical Valenciana, Ecologistes en Acció-P.V., Joves Verds, Acció Ecologista-Agró, WWF-Valencia, CGT-P.V., Acció Pel Clima, Gecen, Compromís pel Territori, Xúquer Viu, Baladre, CAT-P.V., y Salvemos Mijares.

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