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Archive for 12 12+01:00 agosto 12+01:00 2010

17 de mayo: Greenpeace documenta en South Pass (Luisiana) restos importantes de hidrocarburos.

Sin disponer todavía de datos concretos, a nadie se le escapa que los daños causados por el vertido en el golfo de México son graves, y que los costes, tanto económicos como ambientales, son exorbitados. Ha llegado el momento de evaluarlos y de exigir responsabilidades, pero no solo a BP, sino también a la clase política.

Lejos de aceptar la “magnitud de la tragedia”, y hacer una gestión responsable del vertido, BP se ha preocupado más de tratar de minimizar la importancia del vertido ante la opinión pública –con la compra incluso de opiniones científicas o con el retoque de fotos de la zona– que de hacer una valoración ajustada a la realidad para que la reparación sea lo más completa posible.

Por esta razón, Greenpeace inicia hoy una expedición de tres meses por el golfo de México, a bordo del Arctic Sunrise, en la que van a participar diferentes equipos de científicos independientes que analizaran las repercusiones en los organismos vivos de la zona, tanto del petróleo como de los dispersantes químicos arrojados al mar como reacción al vertido.

El Arctic Sunrise parte hoy de San Petesburgo (Florida) hacia Florida Keys y Dry Tortugas y durante los meses de agosto y septiembre navegará por la zona afectada para valorar los efectos del vertido. Representantes de la comunidad científica internacional y doctores de universidades como las de Nova Southeastern y Tulane van a unirse a nuestra tripulación para analizar desde el plancton de la superficie hasta los organismos filtradores o los corales de las aguas más profundas del golfo y poder, así, determinar las mejores vías de recuperación.

Esta es, entendemos, la única forma de cumplir con el principio de “quien contamina paga” y exigirle a BP sus responsabilidades reales pero, desde luego, no es lo único que puede hacerse y, llegados a este punto debemos ir más allá.

Existe otro principio mucho más importante en derecho ambiental internacional que el de “quien contamina paga”: el “principio de precaución”. En este caso, dar cumplimiento a este principio implica declarar una moratoria internacional para la autorización de todo tipo de instalaciones petrolíferas de alto riesgo, pero también eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y apostar decididamente por la energía renovables. Solo así podremos evitar que se repitan desastres como el del la Deepwater Horizon y adoptar compromisos de reducción de emisiones internacionales que nos permitan frenar el cambio climático.

Ha llegado la hora de que nuestros políticos nos muestren los “impactos positivos del vertido del golfo”. Que nos demuestren que el interés general y los derechos de los ciudadanos (entre ellos el de gozar de un medio ambiente adecuado) están por delante de la avaricia del sector de los combustibles fósiles y que ellos, como abanderados de estos derechos son capaces de plantarle cara a este poderoso lobby. Por lo visto, dar este paso les está costando un poco pero es la única forma de que nos demuestren que están a la altura de las circunstancias. ¿Quién les dijo que gobernar el mundo era tarea fácil?

Si quieres seguir los pasos del Arctic Sunrise, conéctate a nuestra página web: www.greenpeace.org/usa/oilspilltruth

Aida Vila, campaña de cambio climático

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Islandia, es uno de los países que no firmaron la moratoria de caza de ballenas

Sólo hace 48 días desde que la Comisión Ballenera Internacional (CBI) se reuniese en Agadir (Marruecos). En esta polémica reunión se discutió si se reabría la caza comercial de ballenas. Greenpeace ya dio entonces la voz de alarma: el establecimiento de cuotas equivaldría a una apertura de la  caza comercial de ballenas, cuya moratoria se aprobó en 1982 y entró en vigor en 1986. La reunión acabó sin ningún acuerdo, posponiendo esta discusión a la cita anual del año que viene.

Japón, Noruega e Islandía son los países que no firmaron la moratoria y que siguen, año tras año, cazando ballenas. Japón se ampara en la caza “científica”. Sin embargo, ni Noruega ni Islandia se esconden ya en estos supuestos fines científicos.

Desde entonces, la cantidad de ballenas cazada por Islandia ha ido variando, aumentando el número de ejemplares año tras año. En este “suma y sigue” de caza de ballenas han ido esquilmando las poblaciones de rorcual aliblanco o ballena Minke (Balaenoptera acutorostrata) y de rorcual común (Balaenoptera physalus), entre otras. Entre Japón, Noruega e Islandia han capturado desde 1986 más de 33.000 ejemplares de ballenas.

El Gobierno de Islandia se ha asignado unilateralmente una cuota anual de 175 rorcuales comunes. La carne de ballena obtenida tiene como único destino la exportación a Japón, ya que no existe demanda local. La mayor parte de las 1.500 toneladas de carne producidas durante la caza de 2009 continúan almacenadas en cámaras frigoríficas.

Hasta hoy, en lo que va de “temporada” se han cazado 77 rorcuales comunes y 58 ballenas Minke. De estas últimas, once se han cazado por grandes barcos balleneros Loftsson,  que detuvieron su actividad a principios de junio, para retomarla tras la decisión de la CBI. Las 47 ballenas restantes fueron capturadas por barcos de la Asociación de cazadores de ballenas Minke, que al parecer habían dejado la caza y su intención era realizar avistamientos de cetáceos.

Tanto los balleneros islandeses como el Gobierno de Islandia reiteran en sus afirmaciones que esta pesquería fomentará el empleo en Islandia, actualmente en una grave crisis económica. En Greenpeace nos vamos a remitir a los datos: en 2008, cerca de 115.000 personas realizaron avistamientos de ballenas en Islandia. El 20% indicó que ésta fue la razón principal de su visita a este país. Más de 110.000 personas viajarían a Islandia a observar ballenas si este país cesa su caza. ¿No le saldría más rentable a Islandia dejar de cazar ballenas y conservarlas?

Además de Islandia, Noruega y Japón, las ballenas tienen otros problemas, como la escasez de recursos alimenticios, la contaminación, las colisiones con barcos y el cambio climático. Seis de las 86 especies de cetáceos reconocidas por científicos están críticamente amenazadas, ¿a qué espera la CBI para dedicarse a conservarlas?

Celia Ojeda,  campaña de Océanos

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