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Archive for 22 de julio de 2010

¿Que es piratería? ¿Las acciones pacíficas de Greenpeace para denunciar la destrucción de los océanos? ¿o la pesca ilegal de las empresas que se enriquecen a costa de acabar con los recursos pesqueros y, en muchas ocasiones, con los recursos que alimentan a las regiones más pobres del planeta?

Greenpeace es una organización ambiental que defiende los océanos y el derecho de todas las personas que habitan el planeta a disfrutar de ellos. Parte de las campañas de esta organización es denunciar las actividades de empresas que ponen en peligro este derecho ante la pasividad de los gobiernos y de los organismos internacionales. Por este motivo, los barcos de Greenpeace están en aquellos lugares donde los gobiernos y organismos internacionales competentes deberían estar actuando contra la destrucción de nuestros mares.

Como resultado de las campañas marinas de Greenpeace podemos destacar el cese de vertidos de residuos radiactivos al mar, el cese de la incineración de residuos en el mar, el cese de la circulación de los buques petroleros monocasco (como el Prestige) que ya no navegan por las aguas comunitarias. Todas estas actividades eran legales en su momento y gracias a las acciones pacíficas de Greenpeace ya no lo son.

Greenpeace también mantiene una campaña contra la pesca pirata, es decir, la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada,  como mucha de la que se hace en África Occidental, o la que encontramos con con el atún rojo en el Mediterráneo y en el océano Pacífico.

El juez Sr. Gómez Bermúdez responde que las acciones de Greenpeace “podrían ser consideradas piratería” a una pregunta del Sr. Javier Garat, que representa a los armadores españoles. ¿No resulta curioso que el Sr Garat pregunte sobre Greenpeace en vez de hablar, por ejemplo,  sobre la reciente multa impuesta a una de las principales empresas españolas más importante en el mundo de la pesca de atún por todo el planeta: la empresa Albacora S.A?

Precisamente Greenpeace acaba de denunciar hace unos días que esta empresa ha sido multada con 5 millones de dólares por realizar actividades pesqueras ilegales en aguas estadounidenses. Ésta es la mayor sanción civil jamás impuesta por el organismo competente. Que se pague una multa no elimina la realización de actividades ilegales, por lo que Greenpeace mantendrá al barco implicado y a la empresa mencionada en su propia lista negra durante dos años, tiempo en el que no podrá estar relacionado con otra actividad ilegal para poder salir de la misma.

Paloma Colmenarejo, responsable de la campañas de Mercados Pesqueros de Greenpeace

Artículo publicado en Elmundo.es (21 de julio de 2010)

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Hoy se ha publicado el contra-informe anual sobre comercio de armas, que todos los años publicamos las organizaciones Greenpeace, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam. En esta ocasión lo ha elaborado un centro especializado en cuestiones de paz y seguridad: el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El primer dato destacado es el aumento en las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material (antidisturbios): en 2009 se vendieron 1.491 millones de euros, un 33% más que el anterior (un porcentaje que sube hasta el 44% si sólo consideramos el material de defensa). Con este fuerte incremento, España sigue situada en el sexto puesto del ranking mundial de exportadores.

La situación española es un reflejo de lo que está ocurriendo a escala mundial. Durante los últimos diez años, la militarización global no ha dejado de aumentar. Entre 2005 y 2009, el volumen medio anual de ventas de armas convencionales fue un 22% superior a la media entre 2001 y 2004. En 2009, el gasto mundial en defensa se ha estimado en 1.531 billones de dólares, lo que significa que a lo largo de la década ha crecido en casi un 50%.

Con respecto a España, y pese a los datos, las organizaciones tenemos que reconocer que se han dado pasos positivos derivados del cumplimiento de la Ley 53/2007. En materia de control, por segundo año tenemos controladas las ventas de armas de caza y tiro deportivo y sus municiones (de las que España es un gran exportador). Por primera vez, se da información detallada sobre las denegaciones: en qué casos el gobierno ha dicho “no” a una solicitud de exportación, el tipo de producto, usuario y país de destino, y el criterio por el cual se ha denegado. Esta era una reclamación nuestra desde hace mucho tiempo, ya que nos permite hacernos una idea más certera de los criterios usados para autorizar o denegar.

En cuanto a transparencia, se da información detallada sobre todas las operaciones con un importe superior a 10 millones de euros. También se facilita mucho detalle sobre las ventas a destinos de “especial sensibilidad” (así les llama el gobierno, las organizaciones solemos referirnos a “destinos preocupantes”). Esta lista, sin embargo, es incompleta.

Y si hasta aquí venía lo positivo, ahora lo negativo. Entre los países de destino de las armas españolas figuran destinos claramente preocupantes. Algunos, como Colombia, Israel o Marruecos, vienen figurando desde hace años en la lista. Otros son nuevos, como Sri Lanka, donde el año pasado se produjo la ofensiva final de la guerra entre el gobierno y los tigres tamiles y una grave crisis humanitaria (en mayo, ante las evidencias, el gobierno suspendió las exportaciones), o Tailandia, con disturbios violaciones graves de los derechos humanos.

La explicación del Gobierno es que no se tiene en cuenta sólo los países de destino sino el destinatario y uso final. Puede ser razonable pero, en ese caso, habría que mejorar las garantías de que eso se cumpla. Es decir, que las armas no terminen en otras manos que las previstas ni sean usadas para violar los derechos humanos. Nuestra sugerencia es que las embajadas españolas, en especial los agregados de defensa, cumplan ese papel de rastrear las armas españolas y garantizar que no se desvían. Este seguimiento sobre el terreno lo hacen, por ejemplo, las embajadas de Estados Unidos.

En resumen, luces y sombras. Hay avances en el cumplimiento de la ley, aunque en un marco de aumento de las ventas que se produce también a nivel global y que no es una buena noticia para la paz y la seguridad mundial.

Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de Conflictos y Medio Ambiente

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